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17.07.2008
Denuncian criminalización de minorías sexuales

Las ONG´s CHA y ADC exigieron a las autoridades de diez provincias datos sobre la aplicación de normativas que penalizan la homosexualidad.

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) denunciaron conjuntamente la criminalización de travestis, transexuales, gays y lesbianas en el interior del país.

 

Por otra parte, ambas entidades exigieron a las legislaturas y ministerios de Justicia de Buenos Aires, Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero que brinden datos sobre la vigencia y aplicación de normativas que penalizan a las minorías sexuales. Puntualmente, las ONG quieren saber la cantidad exacta de detenciones y procesos iniciados en la Justicia provincial basados en artículos de esa índole.

 

César Cigliutti, presidente de CHA explicó a Críticadigital que en su asociación el mayor caudal de denuncias de persecución policial contra minorías sexuales provienen de Mendoza y Salta.

 

"El caso de Mendoza es terrible. Se derogó uno de los artículos que penan la homosexualidad pero aún sigue vigente uno que establece que a cualquier persona detenida por ser trabajadora sexual se le puede realizar un análisis para detectar si tiene enfermedades venéreas y, por ejemplo, en caso de que la persona haya tenido sífilis pueden dejarlo detenido durante 15 días para aplicarle penicilina. Así de violento y persecutorio es el sistema", afirmó Cigliutti.

 

Por su parte, Alejandra Victoria Portatadino , observadora de Derechos Humanos y asesora jurídica del CHA, informó a Críticadigital que "en este momento los travestis y las personas que viven con HIV están sufriendo muchísimo".

 

"Yo viajo constantemente y, según me cuentan, son muy acosadas por la policía gracias a los Códigos Contravencionales. Las fuerzas de seguridad se apoyan en esas normas para pedirles sobornos o servicios sexuales", aseguró.

 

"Es terrible yo veo algunas cosas que me hace llorar por la impotencia. Son personas y deberían estar protegidos por los derechos fundamentales que les otorga nuestra Constitución, pero sin embargo, hay un abuso terrible. Viven en una situación de desamparo legal lamentable", se quejó Portatadino.

Crítica

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