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01.06.2010
Discurso en la reunión de la Comisión de Legislación General, Senado de la Nación, 1ro de Junio 2010
Estas fueron las palabras de María Rachid, Presidenta de la Federación Argentina LGBT y Coordinadora del Programa Nacional de Diversidad Sexual

Podríamos estar horas acá sentados compartiendo con ustedes decenas de argumentos que expresan la importancia y la necesidad de aprobar la ley que hoy nos convoca.

Muchos de estos argumentos /lo expresaron/ van a ser expresados por/ mis compañeros y compañeras.
Conocerán, seguramente, los derechos civiles a los que nosotros, nuestras parejas y nuestros hijos e hijas no podemos acceder sin el derecho al matrimonio.

Sabrán que buscamos, además, el reconocimiento de nuestra igualdad ante la ley, aquella que garantiza la Constitución Nacional desde 1853 para todos los habitantes del suelo argentino, y sin la cual es impensable una sociedad sin discriminación ni violencia hacia nuestra comunidad.

Podríamos seguir profundizando estas dos ideas – los derechos y la igualdad- con información y ejemplos hasta el cansancio… pero aún así, algunas personas insistirán en negarle a nuestra comunidad sus derechos e ignorar la garantía de igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Nacional de nuestro país.

Y lo harán con estrategias diversas y cada vez más creativas:

Algunos se atreverán a proponernos institutos jurídicos se segunda, así como alguna vez se le propuso a los afrodescendientes viajar en la parte de atrás del colectivo. "Iguales, pero separados" era la máxima de un apartheid que se parece mucho a una propuesta que nos dice: los mismos derechos, pero con distinto nombre.

Nos propondrán uniones o enlaces civiles diciendo que "se debe legislar diferente lo que es diferente" tratando de justificar así la defensa de la desigualdad ante la ley.

Me enamoré de una mujer. Convivo con ella, quiero cuidarla y que me cuide, crecer y ayudarla a crecer. Quiero compartir alegrías y tristezas, y entregarle mucho amor a los niños y niñas que serán nuestros hijos e hijas. Queremos cuidarlos, ayudarlos a crecer y crecer con ellos/as, compartir alegrías y tristezas. Les pregunto entonces, sinceramente: es tan diferente?

Las parejas de afrodescendientes son diferentes a las de personas blancas, las de judíos son diferentes a las de cristianos, las parejas de personas con discapacidad son diferentes a otras parejas… Todas las parejas son diferentes, todas las parejas son diversas… pero no por ello dejan de ser iguales ante la ley. O se llaman diferente las parejas afro, las judías o las de personas con discapacidad? Propondrían ustedes diferentes nombres para los matrimonios de estas parejas? Sería un escándalo que así lo hicieran, como será un escándalo en tan sólo unos años que algunos de ustedes lo estén proponiendo ahora.

Todas estas parejas –heterosexuales- acceden al matrimonio. Un matrimonio que no siempre fue la unión entre un hombre y una mujer, sino recién a partir de año 342 dC. Antes de eso, dos hombres podían casarse.

Todas las parejas –heterosexuales- acceden al matrimonio. Un matrimonio cuya etimología viene de mater tanto como de monium, que significa "gravamen" en alusión a la dote que tenían que tener las mujeres para casarse. Las mujeres ya no necesitan dote para casarse. También salario viene de sal, y patrimonio viene de pater. Sin embargo, ni se paga el salario con sal, ni el patrimonio es un derecho exclusivo de los hombres en estos tiempos. Los institutos jurídicos cambian, a medida en la que vamos avanzando en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas.

Sin embargo, siempre habrá quienes se opongan al reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Lo demuestra la historia de nuestro país y del mundo. Pero también demuestra la historia de nuestro país y del mundo -una historia que avanza cada vez más rápido- que tarde o temprano esas personas e instituciones son juzgadas y condenadas por la sociedad... Y así, quienes se opongan al reconocimiento de nuestros derechos humanos serán condenados por la misma sociedad que los votó para que hoy ocupen una banca en la que deben votar por la justicia, la igualdad y la democracia para todas y todos. EN definitiva, deberán defender la Constitución Naciona, tal y como lo juraron cuando asumieron su cargo.

En el debate por el voto de la mujer los argumentos –y estrategias- en contra eran los mismos que los que se utilizan ahora en contra del matrimonio. El voto era naturalmente de los hombres, y por lo tanto –de existir el voto de la mujer- había que ponerle otro nombre. Algunos legisladores, en algunos países, proponían como nombre "derecho a la expresión política ciudadana"… porque no podía ser "voto" el derecho de las mujeres. En aquella oportunidad, nos decían también a las mujeres que "no se podía legislar igual lo que era diferente".

La propuesta de la Unión Civil, así como las de apartheid o la del "derecho a la expresión política ciudadana" son propuestas que perpetúan la discriminación. De acuerdo a estas propuestas, el Estado debe seguir emitiendo un discurso que se traduce en discriminación y violencia en la vida cotidiana de las personas.

Habrá otras estrategias de quienes se oponen al reconocimiento de nuestra igualdad jurídica. Intentarán confundir a la gente en un debate sobre adopción que nada tiene que ver con el proyecto de ley que hoy está en tratamiento. Este proyecto no modifica en nada los requerimientos ni los requisitos para adoptar niños. No hay ninguna modificación que nos garantice -ni siquiera que nos facilite- el derecho a adoptar. En Argentina, lesbianas, gays, bisexuales y trans ya podemos adoptar. Y de hecho, lo hacemos. Existen en nuestro país muchas familias homoparentales y seguirán existiendo. Muchas familias que tuvieron hijos/as por adopción o por inseminación asistida entre otras formas. Lo único que modifica esta ley es el reconocimiento jurídico de los derechos de esos niños en relación a sus dos padres o madres. Podrán compartir la obra social, obtener una pensión y heredar los bienes de sus padres o madres y ambos quedarán obligados en alimentos y cuidados para con esos niños y niñas. Que hipocresía tan grande es que digan que están preocupados por los derechos de los niños cuando lo único que este proyecto propone es reconocer a los niños y niñas de nuestras familias –que ya existen y no comenzarán a existir a partir de esta ley- todos sus derechos.

El interés superior del niño es que el Estado le reconozca su identidad, su familia y sus derechos. De eso se trata esta ley.

Otros elegirán la estrategia del plebiscito, o las audiencias públicas en todo el país. Los derechos humanos no se plebiscitan, se reconocen o no se reconocen y aunque estamos de acuerdo y defendemos la posibilidad de que todas las voces, en todo el país, sean escuchadas al debatir este tema, no consideramos que las audiencias públicas que se proponen garanticen que se exprese realmente la opinión de los ciudadanos y ciudadanas en las provincias.

Quienes hacen estas propuestas, saben cuál es la relación de poder entre los sectores que se oponen al reconocimiento de los derechos humanos de nuestra comunidad, y las personas LGBT que la componen.
Quienes se enfrentan en estas audiencias son, por un lado, un sector de la jerarquía de la Iglesia Católica y algunas Iglesias evangélicas, cuyo aparato político y económico les garantiza la posibilidad de tergiversar lo que hoy se debate a través de la propaganda que sea necesaria y de movilizar a sus escuelas y universidades con el argumento de la fe. Y por el otro lado, una comunidad golpeada por la discriminación, una comunidad que teme expresarse públicamente producto de la violencia ejercida y promovida por quienes se oponen a este derecho. Una comunidad que recibe el apoyo de la sociedad expresado a través de innumerables encuestas realizadas en todo el país, pero que ve limitada su expresión pública producto de la violencia que ejercen quienes se oponen a nuestros derechos.

A nadie puede escapársele el hecho de que hayan elegido justamente Tucumán, San Juan, Salta y Mendoza. Todos y todas sabemos que son algunas de las provincias en donde la jerarquía de la Iglesia Católica tiene el más fuerte aparato político y económico.

Esas audiencias públicas –organizadas en estas provincias, con el aparato de la jerarquía católica sostenido por el Estado, por una senadora del Opus Dei- no representarán nunca el sentir de la sociedad argentina, para eso han sido votados ustedes, los Senadores de la Nación.

Y quiero ser clara cuando digo "jerarquía de la Iglesia Católica". No digo Iglesia porque la Iglesia son los fieles, y estoy convencida –y además lo dicen todas las encuestas- que los fieles católicos apoyan este avance en el reconocimiento de los derechos humanos de nuestra comunidad.

Hace muchos años que en Argentina se separó la Iglesia del Estado. Fue muy difícil esta decisión. Así como fue difícil aprobar el derecho al divorcio –la primera vez sólo duró unos meses-, posibilitar la educación pública laica, la distribución de preservativos para prevenir infecciones de transmisión sexual o anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. Fue difícil porque a pesar de las opiniones del pueblo argentino, o las opiniones incluso de la Iglesia Católica –aquella compuesta verdaderamente por sus fieles- hay una jerarquía eclesiástica y algunos grupos evangelistas que insisten en imponer sus creencias y dogmas al conjunto de la sociedad incluso intenta imponerse –por la fuerza de la ley- al conjunto de sus propios fieles.

Pero no lo van a lograr. Como no lo lograron cuando se aprobó la ley de divorcio, y la educación pública laica, y la distribución gratuita de preservativos y anticonceptivos… no van a lograr imponer sus creencias al conjunto de la sociedad, ni desconocer los derechos humanos de una comunidad que lo único que reclama es los mismos derechos con los mismos nombres.

Y no lo van a lograr porque existe el consenso social, un consenso social que se expresa a través de las encuestas, que incluso en provincias como Mendoza –a donde quieren realizar las audiencias públicas- dan más de un 60% de apoyo a esta ley; el consenso social que se expresa a través de los medios de comunicación y –fundamental y democráticamente- el consenso social que se expresa a través de su representación política parlamentaria. Para eso están ustedes, señoras y señores, para eso han sido votados.

Existe consenso social para esta ley, y –por suerte- confiamos en que existe la valentía política de quienes tienen que poner un límite a los abusos de poder de una institución que, así como pidió disculpas por matar a un hombre por decir que la tierra era redonda, dentro de -quizás quinientos- años pedirán disculpas por tratar de evitar que las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans accedan a los mismos derechos, con los mismos nombres.

Algunos de ustedes dicen –en sus despachos, quizás en los pasillos- estar preocupados por su electorado en las provincias. Yo estoy convencida de que si votan a favor de la ley de la igualdad el próximo 14 de julio, esto va a incidir favorablemente en el 2011 en cualquier provincia de este país. Pero por sobre todo, estoy convencida de que si votan en contra de la ley de la igualdad, a partir del 2013 no los vota NADIE en ninguna provincia de este país. Así como nadie votaría hoy a quien votó en contra del divorcio, el voto de la mujer y la educación laica. Nuestras organizaciones señalarán en cada momento electoral, en cada rincón de este país, cuidadosamente y con respeto, a aquellos referentes políticos que nos hayan negado el acceso a la igualdad ante la ley. Y la sociedad hará justicia.

Y esto lo haremos no para que se apruebe la ley de matrimonio -esta ley se va a aprobar el próximo 14 de julio en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación- sino para evitar que quienes ceden temerosos a las presiones y las amenazas de cualquier corporación poderosa representen a un pueblo que quiere una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática.

Es cierto que sólo algunos países del mundo han aprobado una ley como esta. Cuando en el mundo se abolió la esclavitud, algunos países fueron los primeros, y otros los últimos. Los argentinos y argentinas nos merecemos estar, esta vez, entre los primeros países del mundo en reconocer la igualdad jurídica de una población que reclama la libertad para amar, sin perder sus derechos y los de su familia.

María Rachid

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